El equipo de empalme del Presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que radicó denuncia ante Procuraduría y Contraloría sobre cuatro presuntos hechos de corrupción en varias entidades del Estado.

De acuerdo con el abogado Germán Calderón España, se habrían presentado irregularidades en procesos contractuales y administrativos del Gobierno saliente.

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Las entidades que estarían involucradas son Colombia Compra Eficiente, el Icbf y Electrohuila.

El primer hecho, según señala el comunicado, se refiere al proceso CCENEG-094-01-2026 para la selección de proveedores de ciberseguridad con una inversión cercana a $300.000 millones y cuya adjudicación está prevista para el 28 de julio.

“El empalme advirtió sobre presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas locales, estudios de mercado desactualizados y una celeridad sospechosa en el cronograma, y solicitó la suspensión inmediata del proceso mientras se verifica su legalidad”, se lee en la comunicación.

El segundo y el tercer caso estaría ligado con un convenio suscrito por el Icbf por más de $6.435 millones con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en el Chocó.

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Según el gobierno de De La Espriella, el convenio se celebró pese a que la entidad se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud y “presentaba antecedentes de baja ejecución”.

“Durante la ejecución del convenio se documentaron la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad, lo que derivó en una reducción del 40 % en la cobertura, dejando por fuera a siete municipios y liberando más de $2.060 millones en recursos inicialmente comprometidos”, dijo el equipo.

El último caso estaría relacionado con Electrohuila. El equipo de empalme señaló que la Procuraduría sobre esta empresa abrió indagación previa por una presunta reforma estatutaria diseñada para “favorecer la permanencia de la actual gerente”.

“Estas denuncias son la demostración de que el compromiso de defender cada peso de los colombianos comenzó antes del 7 de agosto”, refirió el equipo de Abelardo De La Espriella.